Fedeafes reclama apoyos específicos para atender a la población infanto-juvenil ante la creciente incidencia de sus problemas de salud mental

20-10-2021

Fedeafes ha presentado el 18 de octubre un estudio que alerta de la creciente incidencia de los problemas de salud mental en la infancia, adolescencia y juventud de la CAPV. El informe, elaborado junto a las asociaciones Agifes, Asafes, Avifes y Asasam, constata que la pandemia ha agudizado los trastornos mentales.

Precisamente, “los ingresos psiquiátricos de adolescentes en algunas unidades de hospitalización infanto-juvenil se han incrementado en un 50% si comparamos los primeros cinco meses de 2020 con el mismo periodo de 2019”, ha apuntado Aymar Rubio, investigador de la Fundación EDE, que ha asumido la ejecución técnica del estudio.

Uno de los datos más alarmantes que revela el estudio, titulado ‘Infancia, adolescencia y juventud con problemas de salud mental en la CAPV. Análisis de las necesidades y recursos de atención’, es el referido a los trastornos alimentarios, que afectan principalmente a mujeres adolescentes y jóvenes y que se han triplicado a raíz del confinamiento. A partir de septiembre de 2020, se ha reportado una demanda de ingresos nunca antes vista por esta enfermedad, según han informado los servicios de salud.

María José Cano, gerente de Fedeafes, ha destacado la necesidad de una atención continuada a menores y jóvenes con problemas de salud mental que no se limite a los episodios críticos, y subraya la necesidad urgente de recursos para menores y jóvenes con problemas conductuales, así como de formación a los profesionales del ámbito educativo para que puedan responder de forma efectiva ante posibles síntomas de alerta de los problemas de salud mental.

“Son muchas las necesidades y los nuevos retos detectados, y esperamos que este trabajo sirva para reflexionar sobre la mejora de la atención al colectivo”, ha expresado María Ángeles Arbaizagoitia, presidenta de Fedeafes, entidad que representa a más de 3000 familias y 12.000 personas de toda Euskadi.

 

El acto, celebrado en el Palacio de Europa, ha dado cita a representantes de los diferentes ámbitos profesionales implicados (salud, educación y social), del tercer sector y de las instituciones públicas, quienes se han reunido para conocer las conclusiones y propuestas de este estudio subvencionado por el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Marian Olabarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, ha mostrado el compromiso del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales con la salud mental. “Es un derecho imprescindible, y debemos conseguir que sea real y efectivo”, ha afirmado. “Colaboramos y seguiremos colaborando con Fedeafes en proyectos y estudios para mejorar la salud mental y la calidad de vida del colectivo”, ha expresado Olabarrieta, quien también ha destacado el interés de los resultados del nuevo informe y de su utilidad para que desde el ámbito institucional se sigan diseñando políticas que ofrezcan cada vez una mejor respuesta a las necesidades detectadas en materia de salud mental.

 

El estudio de Fedeafes señala la necesidad de incrementar los servicios y recursos de apoyo psicológico a este colectivo, para lo que se requiere de “un mayor número de profesionales de la psicología en los servicios públicos. Además, Cano ha remarcado la importancia de reforzar la apuesta por la especialización en psiquiatría y psicología infanto-juvenil, un área que no ha sido reconocida como especialidad en el Estado hasta hace muy poco”, ha lamentado Cano.

Desde Fedeafes reclamamos un apoyo continuado a este colectivo. “Existe una atención en casos de urgencia, pero luego el continuo de atención no se ajusta a las necesidades que precisa la intervención. Se necesitan apoyos no solo en los momentos altamente críticos, sino también recursos intermedios, hospitales de día en los tres territorios y más plazas en los existentes, además de atención domiciliaria”, subraya Cano. En casos graves, también se ha detectado la necesidad de dispositivos de contención de media o larga estancia.

En el ámbito educativo, el estudio refleja la necesidad de apoyos especializados para menores con problemas de conducta, para evitar el retraso escolar y para contar con respuestas eficaces ante situaciones de crisis. “Es necesario cuidar el clima emocional en las aulas y desarrollar acciones de formación a los docentes para que actúen con mayor empatía y efectividad con los menores. También es clave realizar acciones de prevención relacionadas con la salud mental”, ha aseverado Cano.

Entre las principales áreas de atención, se apunta a un abordaje específico de la patología dual, así como a acciones de formación y sensibilización en las aulas para confrontar la realidad del suicidio. También se percibe una escasez de recursos para jóvenes con trastornos mentales en los servicios sociales, y se plantea la creación de programas de ocio específicos para jóvenes en las asociaciones de salud mental.

Las familias de menores y jóvenes con problemas de salud mental también requieren de apoyos específicos, como acompañamiento psicológico y terapéutico para prevenir problemas de salud mental en el resto de familiares, y precisan de información sobre los recursos disponibles. Uno de los grandes hándicaps de las familias es la dificultad para conciliar su vida laboral con su labor de cuidado. El estudio recoge que, habitualmente, las familias se ven forzadas a abandonar su puesto de trabajo, a poner fin a sus aspiraciones profesionales o a buscar un empleo a media jornada que les permita atender y cuidar a sus hijas e hijos con problemas de salud mental. Por ello, es preciso conseguir una conciliación real y efectiva. Esta necesidad se hace especialmente relevante cuando se dan episodios de urgencia o tras una crisis, y que requieren de la presencia de los progenitores durante un determinado periodo de tiempo en compañía de sus hijas e hijos.